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Organizaciones Nacionales e Internacionales exigen a las autoridades hondureñas respetar la decisión del Pueblo de Tocoa de decir NO a la termoeléctrica de coque de petróleo y al megaproyecto minero de Emco.
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El sábado 9 de diciembre de 2023, el pueblo de Tocoa fue convocado por la Corporación Municipal a participar en un cabildo abierto sobre el proyecto termoeléctrico de coque de petróleo de Ecotek, uno de los siete componentes de un megaproyecto de óxido de hierro impulsado por el consorcio "Emco Holdings" de Ana Facusse y Lenir Perez.
Más que 2000 personas se presentaron temprano en el Instituto Froylan Turcios para asegurar que su voz fuera escuchada a pesar de una campaña de estigmatización contra las personas defensoras de derechos humanos del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa en el período previo al cabildo, con la intención de invocar el miedo y el terror en la población.
Durante la asamblea cívica, hubo una fuerte presencia policial, así como de representantes de la Secretaria de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, del Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol, y de organizaciones nacionales e internacionales como también organizaciones de observación internacional de derechos humanos.
A pesar de los esfuerzos del personal de la Municipalidad por impedir el ingreso de las y los votantes, la inmensa mayoría de las personas presentes votó en contra de la planta eléctrica a base de coque de petróleo y el megaproyecto de Emco mediante la autoconvocada asamblea popular, respaldada con la presencia de regidores municipales ya que el alcalde Adan Funes negó celebrar el cabildo abierto. La decisión popular reafirma el cabildo abierto de noviembre de 2019 en Tocoa que rechazó rotundamente el proyecto minero. El proceso fue supervisado por regidores municipales y el acta notarizada.
Aplaudimos la posición del Estado de Honduras en la COP28 en defensa de los bosques y la generación de energía limpia, pero nos preocupan profundamente los esfuerzos por producir energía a través de la quema de coque de petróleo altamente contaminante para la salud y el medio ambiente, especialmente porque según el dictamen de Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCO) de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) con fecha de 23 de abril de 2023, no está regulado en Honduras.
También nos preocupa que el proyecto energético de Emco haya sido promovido por autoridades locales como nacionales como una forma de aliviar el problema eléctrico en Tocoa, a pesar de que, según la misma evaluación del impacto ambiental de la empresa Ecotek presentada a SERNA, la mayor parte de la electricidad generada está destinada al funcionamiento de la planta de la empresa para peletizar el óxido de hierro que extrae del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Por más de siete años, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa ha denunciado públicamente, y a través de las Autoridades Hondureñas correspondientes, las ilegalidades, violaciones a los derechos humanos y contaminación ambiental relacionadas con el megaproyecto de Emco.
Estas denuncias no han dado lugar a ninguna acción significativa por parte de las autoridades correspondientes, a pesar de que el CMDBCPT ha presentado pruebas claras y fundadas tras una meticulosa revisión de los expedientes de la empresa y documentos del Estado, que respaldan sus denuncias.
Las y los miembros de la CMDBCPT han sido víctimas de detenciones arbitrarias, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y campañas de desprestigio con el intento de silenciar su digna lucha por la vida y la protección de los bosques y ríos del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”. En octubre de 2023, las y los miembros del Comité Municipal y sus equipos jurídicos fueron otorgados medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido al riesgo inminente que corren.
Ante la decisión tomada por el pueblo de Tocoa, y respaldando la lucha tan visible del Comité Municipal por justicia y rendición de cuentas, exigimos:
La decisión del Pueblo de Tocoa expresada el 9 de diciembre de 2023 a través de una asamblea popular, sea respetada e implementada inmediatamente por todos los niveles del gobierno hondureño.
La cancelación inmediata e incondicional del megaproyecto de Emco Holdings, incluyendo las concesiones mineras ASP y ASP2 de Inversiones Los Pinares; la planta termoeléctrica de coque de petróleo y la concesión de la planta de peletización de Ecotek; las concesiones para el uso de agua de los ríos Guapinol, San Pedro y la quebrada La Ceibita.
La protección inmediata e integral de las y los miembros del Comité Municipal, sus equipos jurídicos y sus familias a través de medidas adoptadas por el Estado en consenso con las personas defensoras.
La investigación y de las denuncias penales y administrativas interpuestas por el Comité Municipal para llegar al juzgamiento y sanción de los responsables de las ilegalidades relacionadas con el proyecto extractivo y de las amenazas y campañas de estigmatización contra personas defensoras del Comité Municipal. Es más, exigimos la investigación independiente, enjuiciamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Jairo Bonilla, Aly Domínguez y Oqueli Domínguez.
La reparación de los daños, tanto a las personas víctimas de la persecución de la empresa Emco y el Estado de Honduras, como también a la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.
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National and international organizations demand that Honduran authorities respect the decision of the people of Tocoa to say NO to the petroleum coke thermoelectric plant and Emco's mining megaproject.
On Saturday, December 9, 2023, the people of Tocoa were called by the Municipal Corporation to participate in an open town hall meeting regarding the Ecotek petroleum coke thermoelectric project, one of the seven components of an iron oxide megaproject promoted by the "Emco Holdings" consortium of Ana Facusse and Lenir Perez.
More than 2000 people showed up early at the Froylan Turcios Institute to ensure that their voice was heard despite a stigmatization campaign against the human rights defenders of the Municipal Committee in Defense of the Common and Public Goods of Tocoa in the run-up to the town hall, with the intention of invoking fear and terror in the population.
During the civic assembly, there was a strong police presence, as well as representatives of the Secretary of Human Rights, the Office of the High Commissioner for Human Rights, the Observatory for Justice of the Guapinol River Defenders, and national and international organizations as well as international human rights observation organizations.
Despite the efforts of the Municipal staff to prevent voters from entering, the vast majority of the people present voted against the petroleum coke power plant and Emco's megaproject through the self-convened popular assembly, supported by the presence of municipal councilors since Mayor Adan Funes refused to conduct the town hall proceedings. The popular decision reaffirms the November 2019 open town hall in Tocoa that flatly rejected the mining project. It's important to note that the process was supervised by municipal councilors and the minutes notarized.
We are concerned that Emco's energy project has been promoted by local and national authorities as a way to alleviate the electricity problem in Tocoa, despite the fact that, according to Ecotek's own environmental impact assessment submitted to SERNA, most of the electricity generated is destined for the operation of the company's plant to pelletize the iron oxide it extracts from Carlos Escaleras National Park.
We applaud the position of the State of Honduras at COP28 in defense of forests and clean energy generation, but we are deeply concerned about efforts to produce energy through the burning of petroleum coke highly polluting to health and the environment, especially because according to the opinion of the Center for Studies and Control of Pollutants (CESCO) of the Secretariat of Natural Resources (SERNA) dated April 23, 2023, it is not regulated in Honduras.
For more than seven years, the Municipal Committee in Defense of the Common and Public Goods of Tocoa has publicly denounced, and through the corresponding Honduran authorities, the illegalities, human rights violations and environmental contamination related to Emco's megaproject.
These denunciations have not resulted in any significant action by the corresponding authorities, despite the fact that the CMDBCPT has presented clear and substantiated evidence after a meticulous review of the company's files and State documents, which support its denunciations.
The members of the CMDBCPT have been victims of arbitrary detentions, assassinations, threats, forced displacements and smear campaigns in an attempt to silence their dignified struggle for life and the protection of the forests and rivers of the Montaña de Botaderos "Carlos Escaleras" National Park. In October 2023, the members of the Municipal Committee and their legal teams were granted precautionary measures by the Inter-American Commission on Human Rights due to the imminent risk they face.
In light of the decision made by the people of Tocoa, and in support of the Municipal Committee's highly visible struggle for justice and accountability, we demand:
1. The decision of the People of Tocoa expressed on December 9, 2023 through a popular assembly, be respected and implemented immediately by all levels of the Honduran government.
2. The immediate and unconditional cancellation of the Emco Holdings megaproject, including the ASP and ASP2 mining concessions of Los Pinares Investments; the petroleum coke thermoelectric plant and the Ecotek pelletizing plant concession; the concessions for the use of water from the Guapinol, San Pedro and La Ceibita rivers.
3. The immediate and integral protection of the members of the Municipal Committee, their legal teams and their families through measures adopted by the State in consensus with the defenders.
4. The investigation of the criminal and administrative complaints filed by the Municipal Committee in order to bring to trial and sanction those responsible for the illegalities related to the extractive project and the threats and stigmatization campaigns against the defenders of the Municipal Committee. Furthermore, we demand the independent investigation, prosecution and punishment of those materially and intellectually responsible for the murders of Jairo Bonilla, Aly Domínguez and Oqueli Domínguez.
5. The reparation of damages, both to the victims of the persecution by Emco and the State of Honduras, as well as to the core zone of Carlos Escaleras National Park.
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