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Jan 13, 20234 min read

CMDBCPT responde al Estado sobre asesinato de defensores y necesidad urgente de protección




El Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) se pronuncia ante la opinión nacional e internacional con relación al comunicado emitido por la Dirección General Mecanismo de Protección a través de la página oficial de la Secretaría de Derechos Humanos y difundido a través de su canal oficial de Twitter con fecha 11 de enero de 2023[1].


1. Jairo Bonilla y Aly Domínguez fueron defensores de derechos humanos de la comunidad de Guapinol, integrantes fundadores del CMDBCPT, quienes lucharon por defender los ríos y el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras” ante la imposición ilegal de los proyectos mineros del Grupo Emco-Inversiones Los Pinares-Ecotek. En ningún momento se habían retirado del colectivo de manera voluntaria como falsamente escribe la Secretaría en su comunicado.


2. La Secretaría de Derechos Humanos, como ente estatal, tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para que las personas defensoras puedan ejercer el derecho a defender los derechos humanos en todo el país. Los asesinatos de Aly Domínguez y Jairo Bonilla el 7 de enero de 2023 son un grave fallo del Estado en su deber de proteger a las personas defensoras de derechos humanos.


3. Eximirse de responsabilidad en un comunicado público subrayando que ambos defensores no eran beneficiarios de medidas de protección no solo agrava la situación de riesgo del conjunto de personas defensoras de Guapinol y sus familias, como otras personas defensoras del Comité de Guapinol y el CMDBCPT, sino que plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado y del gobierno actual para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.


4. El conjunto de la comunidad de Guapinol, el sector San Pedro y el resto de las comunidades afectadas, así como las personas defensoras del CMDBCPT se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad desde hace años debido a su defensa del medioambiente, en riesgo por la minería a cielo abierto que no cuenta ni con los permisos requeridos para operar ni con el consentimiento de la población, quien ratificó su oposición a la misma mediante un cabildo abierto de fecha 29 de noviembre de 2019. Sus miembros han sido víctimas de detención arbitraria, judicialización, amenazas de muerte, campañas de estigmatización, ataques y asesinatos. En casi un año de administración, el nuevo ejecutivo no ha tenido la capacidad de revertir esta violencia ni ofrecer garantías de seguridad y protección para la comunidad de Guapinol, Sector San Pedro y las personas defensoras del CMDBCPT.


5. En los últimos meses, tanto el CMDBCPT como organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, hemos denunciado públicamente el incremento de las campañas de estigmatización y amenazas contra las personas defensoras del medioambiente de la región, incluyendo una declaración pública de parte de INHGEOMIN el 4 de diciembre de 2022[2], que igual al de la Secretaría de Derechos Humanos, aumentó el riesgo para el CMDBCPT y sus miembros. La historia de Guapinol demuestra que a este tipo de campañas de estigmatización y amenazas suelen suceder asesinatos y ataques contra la vida de las personas defensoras de derechos humanos y su entorno.


6. El Estado de Honduras ha fallado en identificar y tomar las medidas adecuadas ante estas señales de alerta temprana. También ha fallado en comprender el riesgo al que se enfrenta la comunidad de Guapinol en su conjunto y las personas defensoras del CMBCPT más allá de si son personas beneficiarias de medidas de protección. El Estado ha fallado en investigar las recientes amenazas de muerte contra ellas y ha fallado en su deber de combatir la impunidad ante estas amenazas. El Estado tampoco ha cumplido con su deber de prevenir violaciones de derechos humanos contra las personas defensoras de derechos humanos y, como consecuencia, Aly Domínguez y Jairo Bonilla han pagado con su vida.


7. A su vez, el Estado no ha cumplido con el punto resolutivo de la sentencia Carlos Escaleras Mejía Vs. Honduras relacionado con la implementación de un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos[3], dejando así las investigaciones de las personas defensoras asesinadas en manos de policías y fiscales que en muchas ocasiones trabajan en confabulación con las propias empresas que están detrás de los asesinatos. En este caso, la fiscal Karen Edith Martínez Guardado, responsable de usar evidencia ilegal para criminalizar a las mismas personas defensoras de Guapinol, es también la fiscal asignada para coordinar y supervisar la investigación. No cabe duda de que el Estado hondureño está fallando a las víctimas, sus familias y la sociedad hondureña cuando la determinación de la verdad y la responsabilidad de estos hechos se realice por personas funcionarias sin formación ni comprensión de las complejidades de una investigación exhaustiva, que tenga en cuenta las amenazas previas y el patrón de violencia, y examine a fondo no sólo a los autores que llevaron a cabo el crimen sino también a quienes ordenaron el asesinato.


8. Condenamos enérgicamente la respuesta del Estado ante los asesinatos de Aly y Jairo que han evidenciado la parcialidad, falta de profesionalismo y negligencia que existe en el Ministerio Público y la Secretaria de Seguridad a través de la Policía Nacional, y exigimos una investigación que parta de la base de que nuestros dos compañeros eran defensores de derechos humanos en resistencia a los proyectos extractivos ilegales de Los Pinares/Ecotek/Grupo Emco en el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras” y se tomen en cuenta todos los factores de riesgo que enfrentan la comunidad de Guapinol, el sector San Pedro y el CMBCPT.


9. Ante la negligencia del Estado, instamos al cumplimiento urgente de su deber de proteger a todas las personas defensoras de derechos humanos de Guapinol, el sector San Pedro y el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa en peligro por su labor en defensa del agua y del Parque Nacional Carlos Escaleras ante los proyectos mineros ilegales.


Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa Tocoa, Colón, 13 de enero del 2023


[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos Escaleras Mejía y otros Vs. Honduras. Sentencia de 26 de septiembre de 2018, punto resolutivo 6 literal f).

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