COMUNICADO – Tras su liberación, el Estado debe reparar a los defensores de Guapinol por su detenció

8 de abril de 2022 - Tras 914 días de detención arbitraria, un juicio plagado de irregularidades, una sentencia injusta y dilaciones indebidas en ejecutar la orden de excarcelación, los defensores de Guapinol pudieron reunirse con sus familias y comunidad en libertad, anunció el Observatorio por la Justicia de los Defensores del río Guapinol. Ahora, el Estado debe resarcir los daños causados, investigar y sancionar a los responsables de los hechos y ofrecer medidas de protección inmediatas a los defensores y su entorno.

El 24 de febrero de 2022, los defensores del medioambiente José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez, Porfirio Sorto Cedillo yOrbin Nahún Hernández salieron libres del Centro Penal de Olanchito y pudieron reunirse con sus familias y comunidad, así como con sus compañeros Jeremías Martínez y Arnol Javier Alemán, en libertad desde el 9 de febrero de 2022.

El Tribunal de Sentencia de Trujillo ordenó liberarles de manera inmediata, 14 días después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anulara el proceso penal en su contra, lo que ha dado lugar a su liberación. La Sala resolvió dos recursos de amparo interpuestos en 2020 y 2021 a favor de los defensores por violaciones al debido proceso y la prisión preventiva arbitraria a la que fueron sometidos. La decisión de la CSJ debió ser ejecutada de manera inmediata para poner fin a más de dos años de criminalización, detención ilegal y hostigamiento contra ocho personas que alzaron la voz para defender de manera pacífica el medioambiente en un país que privilegia un modelo de desarrollo nocivo para los recursos naturales.

Sin embargo, a lo largo de dos semanas el expediente de los defensores de Guapinol transitó por diferentes tribunales de justicia en lo que este Observatorio en su momento calificó de “maniobras dilatorias para el cumplimiento de los fallos de amparo” emitidos por la CSJ, cuyas decisiones son definitivas e inapelables. Esta situación generó inseguridad jurídica y la extensión de la detención de los defensores de Guapinol, ya de por sí injusta e ilegal.

El 9 de febrero de 2022, el Tribunal de Sentencia de Trujillo había condenado, tras un juicio plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, a seis de los ocho defensores de Guapinol por los delitos de “daños agravados” y “privación injusta de libertad” contra el Sr. José Santos Corea y “daños agravados” y “daños simples” contra la empresa minera Inversiones Los Pinares. Dos días antes del fallo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, presente en la etapa de conclusiones del juicio, expresó preocupación porque el Ministerio Público de Honduras no había cumplido “con el estándar de prueba mínimo ni observó a cabalidad el principio de objetividad que debe regir sus actuaciones” en el juicio contra los ocho defensores de Guapinol.

A pesar de que en noviembre de 2020 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria calificara de arbitraria la detención de José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Jeremías Martínez y Arnol Javier Alemány ordenara su liberación inmediata, el Estado de Honduras no tomó ninguna medida para poner fin y reparar su privación injusta de libertad.

El Observatorio por la Justicia por los Defensores de Guapinol celebra la liberación los defensores de Guapinol, pero lamenta la dilación de dos años en reconocer la arbitrariedad del proceso y la injusta detención en su contra. Asimismo, subraya que el derecho penal debe dejar de ser utilizado como una herramienta para la criminalización de personas defensoras en Honduras, incluyendo contra la totalidad de los defensores de Guapinol, e insta a dejar de privilegiar los modelos de despojo y violencia en detrimento de los territorios y bienes comunes.

El Observatorio urge a las autoridades hondureñas, a llevar a cabo una investigación entorno a su detención ilegal, y a tomar de manera urgente las medidas necesarias para proteger su integridad física y psicológica, la de sus familias, sus comunidades, la de los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), así como de sus representantes legales.

En este sentido, el Estado hondureño debe cumplir con la resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria y reparar los daños a los defensores como paso previo a la no repetición de estos hechos. Esto incluye no sólo la restitución económica a los defensores, sino también el restablecimiento de la zona nuclear del Parque Nacional Carlos Escaleras, la reparación de los daños ambientales causados por la mina, y la cancelación de los proyectos mineros, que están operando con licencia ambiental ilegal como se demostró durante el juicio de los ocho defensores. Medidas para tal efecto deberían incluir el manejo compartido de la gestión del Parque Nacional Carlos Escaleras con el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) y las Comunidades de Guapinol y el Sector San Pedro, así como la declaración de las fuentes de agua para consumo humano y el saneamiento de las cuencas.