Honduras: Tras 9 meses de dictadas medidas de protección de la CIDH a favor de 30 personas defensoras en Tocoa, situación de riesgo se agrava mientras Estado se niega a responder con medidas efectivas

Honduras: Tras nueve meses de dictadas medidas de protección de la CIDH a favor de 30 personas defensoras en Tocoa, la situación de riesgo se agrava mientras el Estado se niega a responder con medidas efectivas

23 de julio de 2024.- A pesar de contar con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2023, las comunidades de Guapinol, Sector San Pedro y Tocoa, y otras afectadas por cuestionar el megaproyecto Pinares/Ecotek de Emco Holdings, continúan enfrentando una situación de grave riesgo, entre otros, por la nula implementación de las medidas por parte del Estado de Honduras, lo cual deja en absoluta desprotección a las personas beneficiarias.

En estos meses el riesgo en las comunidades se ha profundizado con el aumento de campañas de difamación y estigmatización en redes sociales y medios locales, y el incremento de amenazas de muerte, mientras que las comunidades continúan denunciando la inseguridad en la zona. 

Aunque las medidas fueron otorgadas desde octubre de 2023 a personas defensoras aglutinadas en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, fue hasta mayo de 2024 que la Procuraduría General de la República trasladó el expediente al Mecanismo Nacional de Protección, lo cual representa 7 meses de total inacción por parte del Estado ante el riesgo de las personas beneficiarias de sufrir un daño irreparable a su integridad o su vida.

Las campañas de difamación se han profundizado y resultan particularmente preocupantes las declaraciones públicas del Alcalde Adan Funes donde sugiere que las personas responsables de actos violentos, incluyendo la quema de la alcaldía de Tocoa el 4 de julio de 2024, son defensoras del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, lo cual podría resultar en futuros actos de criminalización. Cabe señalar que las múltiples campañas de difamación han sido denunciadas ante las autoridades correspondientes, pero no ha habido ninguna investigación o acción concreta que se traduzca en medidas que hagan frente a la inseguridad que provocan en las personas y comunidades tildadas de violentas y responsables de actos criminales. Cabe resaltar que inmediatamente después del incendio, el CMDBCPT emitió una declaración pública en la que pide a las autoridades que investiguen de manera imparcial y efectiva el hecho contra la Alcaldía, bien común de los y las habitantes de Tocoa. 

Asimismo, las comunidades han denunciado las acciones del alcalde de Tocoa de anular la decisión soberana del pueblo convocado al cabildo abierto de diciembre del 2023, donde las personas convocadas rechazaron la instalación del proyecto termoeléctrico Ecotek y todos los demás componentes del megaproyecto extractivo de Emco Holdings irregularmente instalado en la Montaña Botaderos Carlos Escalera Mejía y comunidades aledañas a la zona protegida.  

Las comunidades también han denunciado el desarrollo de un segundo cabildo en el mes de junio de 2024 con notorios vicios de ilegalidad y abusos de poder, con el fin de aprobar un proyecto termoeléctrico de coque de petróleo, en clara desobediencia a la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordenó suspender los efectos de esta convocatoria hasta resolver un  recurso de amparo interpuesto por comunidades directamente impactadas por el proyecto, el CMDBCPT, Plataforma Agraria, y otras organizaciones defensoras de derechos humanos. 

Frente a este contexto y la falta de implementación por parte del Estado, las organizaciones representantes de las medidas junto a las personas beneficiarias han solicitado  a la CIDH, que requiera a Honduras, entre otros: cumplir de inmediato con las medidas urgentes acordadas con las personas beneficiarias; iniciar de inmediato la restauración del Parque Nacional Carlos Escaleras, y avanzar en las investigaciones y requerimientos fiscales sobre delitos ambientales, minería ilegal, actos de corrupción, amenazas, incitación a la discriminacion y los asesinatos de Jairo Bonilla, Aly Dominguez y Oqueli Dominguez en el 2023.

Estas medidas se otorgaron en razón del contexto histórico de violencia contra personas defensoras de la tierra y del territorio en el Bajo Aguán, sumado a la actual violencia generada por el megaproyecto minero-termoeléctrico de Inversiones Los Pinares y Ecotek de Emco Holdings, y tras el asesinato de tres personas defensoras del Río Guapinol durante el 2023. Las medidas de protección otorgadas por la CIDH son un mecanismo por el cual se solicita al Estado que proteja a personas ante una situación grave y urgente de peligro de sufrir un daño irreparable en sus derechos a la vida e integridad.

Las organizaciones representantes de estas medidas son: el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, el Bufete Justicia para los Pueblos, el Robert F. Kennedy Human Rights, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), el Comité Internacional del National Lawyers Guild, y la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Virginia, la Organizacion Mundial Contral la Tortura (OMCT).