Un Parque Nacional, tres decretos, un juicio, una verdad
Por Juan López DPD, Pedagogo
06, diciembre 2021
Estamos en etapa de juicio oral y público en el caso de los ocho defensores del agua originarios de Guapinol y sector San Pedro. Junto a ellos están cinco imputados con auto de formal procesamiento, familias de cada uno y comunidades en defensa de su vida. Junto a todo este movimiento social, están personas, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales metidas en la lucha por el territorio y en el proceso judicial tras la libertad de los defensores.
Gracias a todo un esfuerzo conjunto, el caso es conocido y se mueve en ligas menores y ligas mayores. ¡vivir una tortura judicial solo debe ser horrible, pero vivirla en el pecho de tantas mujeres y hombres que abren sus brazos y su alma, es un honor!
Solo podemos pues, humildemente agradecer tanto amor a un mar de personas que están junto a nosotros, su calor humano y sus resistencia compartida, son la esperanza. Qué bello es también encontrar funcionarios públicos honestos que conociendo el caso, dedican su trabajo al esclarecimiento de la verdad. ¡que viva la honestidad y la verdad!
En el territorio nadie busco este cuadro demoledor, el Estado dirigido por Juan Orlando, Argueta, Oliva, Chinchilla, diputados encabezados por Nájera en Colon y Lenir Prez con Ana Facusse lo impusieron y lo han sostenido mediante el actuar corrupto de Ministros, directores, fiscales, jueces, funcionarios municipales, y la lista es larga como larga es la corrupción.
El primer decreto del parque es el #127-2012 que en parte financiado por la Unión Europea mediante proyecto PROCORREDOR según plan de manejo, dio carta de legalidad a la zona protegida Parque Nacional Montaña Botaderos con una extensión de 96,755.4 hectáreas que producen agua, oxígeno y vida en abundancia para municipios de tres departamentos.
Ese mismo congreso, mediante segundo decreto #252-2013 hizo reforma y clavo el bisturí del extractivismo minero en el corazón del Parque, extrajo un pedazo de corazón y se lo entrego a Lenir Pérez en cuyas manos está sangrando desde aquel momento. El delito de los diputados llego al ICF donde lo maquillaron, llego a INHGEOMIN donde lo hicieron contrato minero y cruzo hasta MIAMBIENTE donde le dieron carta de legalidad al crimen ambiental que es también social, arrastrando al mismo tiempo a la Municipalidad de Tocoa a partir del 20 de enero de 2014. Este es un pecado original, un delito que no prescribe, la justicia llegara.
El tercer decreto es el #93-2016, es el resultado de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Estado de Honduras por haber permitido, callado y frenar al Ministerio Publico en la investigación del asesinato de Carlos Escaleras. La sentencia exigió al Estado pedir perdón a la familia Carlos Escaleras en Tocoa en 2016, las lágrimas de culpabilidad rodaron por las mejillas del ministro Leonel Ayala en la plaza Carlos Escaleras, la sentencia exige también la protección del Parque Nacional y el Congreso salió con otra jugada sucia en la recomposición de los limites internos.
Es insólito que mientras el decreto #252-2013 reduce la zona núcleo donde entregaron los proyectos ASP y ASP2, el decreto #93-2016 amplia dicha zona en más de dos mil hectáreas, pero el punto donde están las concesiones de los proyectos ASP siempre la dejan dentro de la zona de amortiguamiento, las nuevas coordenadas fueron técnicamente dirigidas a otro sitio en procura de proteger los intereses de Lenir Pérez.
Siempre el Congreso funcionando bajo la vela de los grandes capitales como lo ha hecho en doscientos años. La violación a los estándares del derecho nacional es notable en este caso, el actual régimen de gobierno ha caído con violencia sobre los bienes comunes y las comunidades que al levantar la voz de protesta, han sido reprimidas, dirigencia sometida a la criminalización, la tortura judicial y el encarcelamiento.
La empresa minera y el estado juntos mantienen la ola de violencia impune en el territorio y mantienen acusación abierta y publica contra el movimiento social que a lo largo de estos años ha crecido, tiene conciencia y raíces en el territorio, tiene identidad y moral para resistir dignamente. La etapa del juicio oral y público sigue siendo una trinchera donde el Ministerio Publico busca incriminar porque quien mueve económicamente el proceso (Lenir Pérez) busca una condena, pero en debido proceso debe poner las pruebas a la orden del tribunal como lo ha hecho nuestra defensa.
¿Cómo puede el MP pedir la apertura del juicio sin presentar la prueba que la defensa nuestra debe conocer? El objetivo es dejar a la defensa sin derecho a recurso de nulidad en caso de ser prueba improcedente, el MP busca una relación de poder dominante sobre la defensa y los defensores de derechos humanos. Por lo actuado de parte del MP, los defensores podrían estar ante una prueba incriminatoria construida por el MP para tal fin, la conducta perversa de los fiscales a cargo de la acusación es conocida en este caso desde el origen de este proceso judicial en contra nuestra.
Además de mantener la negativa de entregar la prueba en discusión, han desaparecido 201 folios del expediente judicial sin saber hasta ahora donde se encuentran. Todo lo que estamos presenciando forma parte de una conducta irresponsable en la administración de la justicia Hondureña.
A pesar de todo el entramado de actos que rayan con el debido proceso, los imputados están a la orden del tribunal y están citados para apertura a juicio el jueves 09 de diciembre. Para nosotros, aun en condiciones de riesgo, el juicio es una fiesta porque el derecho debe prevalecer para que exista la justicia. Somos conscientes que estas luchas se hacen en un contexto de corrupción e impunidad históricas, pero no nos podemos rendir, luchamos por un sistema de justicia digno y justo y para alanzarlo, debemos transitar por este camino lleno de criminalizaciones, requerimientos y juicios viciados, para romper desde adentro los nudos que los ricos han construido contra el pueblo que tiene sabiduría y lo ha demostrado el domingo 28 de noviembre.
La elección abrumadora de Xiomara Castro no solo es el deseo ingenuo de un nuevo gobierno, sino el rechazo tácito al narcotráfico que ha corrompido el engranaje institucional, rechazo a la corrupción y la impunidad, al saqueo, la invasión de los territorios y la expulsión de la gente hacia el exterior, el pueblo voto por la dignidad, por la justicia, por democracia, por la libertad, la autodeterminación y por el derecho. Cargamos pues, una enorme responsabilidad de no defraudar al pueblo.
Si hemos estado de pie bajo la tormenta, con mucha más razón estaremos de pie bajo el radiante sol de la libertad batallando por la Libertad para los defensores, libertad para el Parque Nacional y libertad para la patria entera.
El Comité Municipal convoca a movilización por la libertad de los defensores de Guapinol
Jueves, 9 de diciembre a las 9am en el Parque Central de Tocoa
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